De febrero de 2014 a diciembre de 2016 se registraron 120 abortos legales al amparo de la sentencia constitucional 206/2014, según un monitoreo realizado en seis departamentos del país.
Si bien la cifra ha aumentado con respecto a años anteriores, sigue siendo mínima con respecto a los miles de abortos que se realizan cada año fuera de la ley, que fluctúan entre 40.000 y 80.000, según estimaciones de entidades especializadas.
La sentencia constitucional emitida en febrero de 2014 por el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que si el embarazo es producto de una violación la víctima puede acceder a la interrupción legal del embarazo en un centro de salud público o privado presentando una copia de la denuncia ante autoridad competente y sin una orden judicial, como ocurría en el pasado.
Malena Morales, directora de IPAS Bolivia, informó a ANF que en 2016 se practicaron "39 abortos legales, de los cuales 23 fueron demandados por adolescentes de entre 11 y 14 años, o sea el 60%".
Las cifras entregadas por la entidad no incluyen los registros de hospitales públicos de Oruro, Cochabamba y Sucre y revela que la mayoría de los abortos permitió la interrupción legal de embarazos producto de violación a menores de edad.
Aseguró que los registros evidencian una realidad lacerante y muestran que la violencia sexual se está cobrando muchas víctimas y cada vez a más temprana edad. "Sus propios hogares son para muchas niñas el lugar más inseguro, son violadas por sus padres, hermanos, tíos o primos".
Puntualizó que el monitoreo que realiza IPAS Bolivia excluye a tres departamentos, dos de los cuales registran elevados índices de mortalidad materna por aborto, "en el caso de Cochabamba el 24% de la mortalidad materna es atribuida al aborto en condiciones de riesgo".
Morales recordó que no fue fácil garantizar la vigencia de la sentencia constitucional especialmente por la resistencia del personal de salud que apelaba a la objeción de conciencia para vulnerar el derecho a un aborto legal, pero también por el desconocimiento de las normas en diferentes niveles de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual.
A principios de 2015, el Ministerio de Salud aprobó el protocolo del Procedimiento Técnico para la Prestación de Servicios de Salud según el cual los servicios de salud públicos, privados y los de seguros a corto plazo tienen 24 horas para realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) después de recibir la solicitud de una mujer víctima de violación o cuya vida esté en riesgo producto del embarazo.
Según Morales, aun con la normativa persisten obstáculos para acceder al aborto legal "por falta de sensibilización, pues técnicamente el personal médico puede responder, la Policía conoce que debe canalizar de inmediato una denuncia por violación, pero en todos los casos sobreponen sus prejuicios antes que la preminencia de la ley y la vigencia de los derechos de las víctimas".
Aseguró que los abortos legales o impunes no muestran toda la realidad del aborto en Bolivia y recordó que el estudio "Las cifras hablan" realizado por IPAS Bolivia en siete hospitales de segundo y tercer nivel de las ciudades La Paz, Santa Cruz, Potosí, Tarija y Trinidad reporta que alrededor de 185 abortos ilegales son practicados diariamente. ANF
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