Las mujeres económicamente productivas del área rural son las más vulnerables a morir como consecuencia del cáncer de cuello uterino por falta de información y acceso oportuno a servicios de salud.
Así lo señaló la asesora en Salud Familiar y Comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) Aydée Padilla durante un seminario que debatió un proyecto de ley sobre el mal en la ciudad de La Paz.
Padilla señaló que en el país sólo 13 de cada 100 mujeres se someten a la prueba de Papanicolaou (Pap), un examen técnico de detección precoz del cáncer. “En el área y regiones indígenas las mujeres de 24 a 34 años tienen la más alta incidencia de muerte por cáncer de cuello uterino. La mujer debe recorrer 16 horas para acudir a un establecimiento y sólo asiste cuando está enferma”.
El cáncer de cérvix es un tumor maligno que afecta a las mujeres en el cuello uterino, cuando se extiende más allá de la pelvis a veces se debe recurrir a la quimioterapia.
“No contamos con datos fidedignos, pero en Bolivia el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte y, después de Haití, ocupa el segundo lugar con más alta incidencia de este mal”, dijo Padilla.
Recordó que el 60 por ciento de los hogares en Latinoamérica es administrado por mujeres, por lo que su muerte causa pérdidas económicas y sociales para el desarrollo de un país debido a la desintegración de la familia.
La asesora de la OPS recomendó a la asambleísta Elizabeth Reyes —que impulsa el proyecto de ley por un día libre para el examen del Papanicolau— que incorpore otra prueba alternativa ginecológica, como la inspección visual de ácido acético, que permite de forma inmediata detectar indicios de cáncer en el cuello uterino y así acceder a un tratamiento inmediato.
Destacó la incorporación del Seguro Materno Infantil (Sumi), que desde hace seis años realiza la prueba gratuita del Papanicolaou.
Sin embargo, las mujeres deben esperar hasta tres meses para ser atendidos, porque faltan algunos insumos para los exámenes.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Boliviana de Cancerología, Henry Paniagua, informó que, según los datos que tiene, de diez casos de cáncer que se registran en el país, cuatro corresponden a cáncer de cuello uterino, uno al de mama y el resto en las otras patologías cancerosas.
En el ejemplo, de los cuatro casos de cáncer de cuello uterino que se registran, tres son mortales y sólo uno de ellos recibe un tratamiento que retrasa su evolución. “Se puede salvar (la evolución en algún grado) si el cáncer que se presenta es potencialmente curable y si se diagnóstica a tiempo y con pruebas que son gratuitas”.
Paniagua identificó que uno de los mayores problemas en el área rural es la falta de información sobre la prueba del Papanicolaou, por lo que se registran muchos casos de cáncer uterino que podrían evitarse.
Para Paniagua, las características de pobreza de la población del área rural, más la falta de acceso a los centros de salud y la presencia del virus del papiloma humano (un virus que provoca el desarrollo del cáncer en el cuello uterino de la mujer) provoca la aparición de la enfermedad con mayor intensidad.
“Ante esta realidad, al Estado le cuesta entre 15 mil a 20 mil dólares la atención de cada paciente con cáncer de cuello uterino que al final muere en el país”. Según el médico, al morir la paciente no sólo deja al esposo con la responsabilidad del hogar, sino que también deja en la orfandad un promedio de 6 a 10 hijos.
Por su parte, la responsable de difusión de la Red Nacional de Trabajadores de la Información y Comunicación RED-ADA, Elvia Prieto, recomendó que el proyecto presentado visibilice más a las mujeres del área rural, por sus desventajas de acceso a la salud y la educación.
“Nosotros vamos a apoyar todos los proyectos que nos ayuden a proteger la salud de la mujer, porque son los pilares de una familia. Una mujer que vive en el área rural, una gremialista, no va a tener acceso a una quimioterapia para salvar su vida, entonces sólo le quedará pensar dónde dejar a sus hijos cuando muera. Yo padecí esto y sé cómo muchos niños y niñas se quedaron sin madre como consecuencia de una enfermedad que es prevenible”, testimonió Prieto.
Comentó que en su experiencia de trabajo en áreas rurales observó que las mujeres no conocen qué es un Papanicolaou, tampoco existen servicios de salud gratuitos, como el SUMI, por lo que pidió a las autoridades que se preste mayor atención a las mujeres que viven y aportan al desarrollo económico del país desde las comunidades.
La diputada Elizabeth Reyes señaló que tomará en cuenta todas las recomendaciones para incorporarlas en el proyecto de ley, porque “las mujeres del área rural no tienen acceso a las pruebas que se realizan en el SUMI, hay un problema de educación, conocimiento y de acceso a la salud”.
Una ley obligará a cumplir con el día libre para exámenes ginecológicos
La Diputada Elizabeth Reyes señaló que elevar a rango de ley el proyecto que propone, caratulado como: “Se otorga a todas las mujeres trabajadoras un día de licencia al año en sus respectivos empleos para que puedan realizarse sin ningún tipo de contratiempos exámenes médicos de Papanicolaou, mamografías o cualquier otro necesario para la prevención y detección del cáncer de la mujer”, significa que ningún otro Gobierno de turno o ministro podrá cambiar la disposición, que además será de cumplimiento obligatorio. En sus datos, Reyes señaló que cinco mujeres en el país mueren de cáncer de cuello uterino, cuando el cáncer es totalmente prevenible en el 95 por ciento de los casos si es detectado en la etapa inicial.
Señaló que el proyecto que impulsa pretende que se creen programas específicos para una atención especializada de las mujeres con fondos propios. Además que se pueda contar con el personal capacitado para educar y fomentar la prueba del Papanicolaou.
“Una mujer que no va a tiempo a la prueba es una mujer que va a morir. Las mujeres tienen el derecho de asistir al Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) y mediante la Resolución Ministerial 286, emitida el 25 de abril, las mujeres que trabajan en instituciones públicas y privadas tienen derecho a un día libre para los exámenes ginecológicos”, explicó la diputada proyectista.
RM-268/2011
El Ministerio de Trabajo emitió la Resolución Ministerial 268, el 25 de abril
Artículo 1 (Objeto).- La presente Resolución Ministerial tiene por objeto conceder un día hábil al año a todas las mujeres funcionarias o trabajadoras, dependientes de empresas o instituciones del sector público y privado, con funciones permanentes o temporales, para someterse a un examen médico de Papanicolaou y mamografía.
Artículo 2 (Finalidad).- La finalidad de la presente Resolución Ministerial es la prevención, detección temprana, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las mujeres afectadas, protegiendo la salud del capital humano del país y la continuidad de sus medios de subsistencia brindándoles medidas adecuadas para la rehabilitación de las personas inutilizadas con el cáncer.
Artículo 3 (Requisitos).- Para gozar de esta tolerancia, la trabajadora o funcionaria pública deberá presentar ante la entidad a la que pertenece la constancia emitida por el ente gestor de salud donde se encuentra asegurada y se evidencie la realización del examen de Papanicolau y/o mamografía y no así el resultado.
Artículo 4 (Entes Gestores).- La entidad aseguradora instruirá mecanismos necesarios de acuerdo a las condiciones establecidas en sus Reglamentos, en caso de enfermedades producidas por el cáncer, para el programa de readaptación y recuperación de la trabajadora o funcionaria pública.
Artículo 5 (Informes).- Cada ente gestor presentará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social un informe bimestral de todas las entidades y empresas que cumplen la presente Resolución Ministerial y la nómina de las trabajadoras que fueron atendidas durante esos meses.
Artículo 6 (Procedimiento).- La fecha del día de tolerancia deberá ser establecida en coordinación entre empleador y la beneficiaria.
Artículo 7 (Obligatoriedad).- Todas las empresas están obligadas al estricto cumplimiento, en caso de infracción estará sujeto a reglamentación y sanción a la normativa establecida en la Ley General del Trabajo y sus reglamentos.
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