La coordinadora del proyecto Soporte Nutricional para las PPVS, Martha Oropeza, informó a Cambio que en una alianza entre el PMA en América Latina, y el Caribe con Rand Corporation, entidad especializada en nutrición, y la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), se hizo una serie de estudios en algunos países, entre los que se encuentra Bolivia, para establecer el nivel de seguridad o inseguridad alimentaria de las personas con VIH.
Una vez cumplidas las tareas de protocolo de investigación, visitas domiciliarias, boletas, entrevistas y otras, en coordinación con el Programa Nacional de ITS-VIH-Sida (Infecciones de Transmisión Sexual-Virus Inmunodeficiencia Humana y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) del Ministerio de Salud y los grupos de PPV, se estableció que había mayor necesidad de intervenir en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y El Alto, en ese orden de incidencia.
En esas ciudades se identificó que el 65% de la población portadora del VIH sida se encuentra en situación de inseguridad alimentaria entre moderada a grave. Es así que se priorizó el apoyo con la canasta familiar de alimentos a ese porcentaje afectado con la enfermedad, que sigue su tratamiento antirretroviral (ARV) y presenta un cuadro de vulnerabilidad por sus bajos ingresos, hábitos alimenticios inadecuados, entre otros.
Se determinó la importancia de aportar a un estado nutricional adecuado en las personas portadoras del VHI, para que puedan lograr mayor adherencia al tratamiento ARV, debido a que su sistema inmunológico de defensas se encuentra expuesto a enfermedades ‘oportunistas’ que podrían agravar su estado de salud, según Oropeza.
“Son personas que deben cuidar su nutrición y hacerle frente al virus, los antirretrovirales son fuertes y el organismo necesita estar preparado para la dosis de medicamentos que van a recibir”, señaló.
ALIMENTOS POR TRATAMIENTO
El PMA dota de una canasta mensual de 18 kilos que contiene azúcar, harina, aceite, soya, arroz y sal a cada beneficiario, además de ofrecer una orientación nutricional integral al tratamiento que recibe. “Uno de los aportes del proyecto es haber logrado que las personas asistan más y tengan mayor adherencia a los ARV”, sostuvo la coordinadora.
Durante su visita al centro médico, el portador del VIH, además de recoger su tratamiento médico, se habilita para la canasta familiar y se somete a la evaluación nutricional, que monitorea periódicamente su peso, masa corporal, índice de grasa.
Las nutricionistas son las únicas en conocer la verdadera identidad de los portadores y, según el PMA, superaron su especialidad al haberse convertido en consejeras y terapeutas para los beneficiarios, que se identifican con un código al momento de recoger su canasta.
El proyecto concluirá en noviembre, pero el PMA busca movilizar nuevos recursos para darle continuidad.
Su comunidad la expulsó y su familia la abandonó
Salustiana, una mujer de pollera de 26 años que nació en un valle interandino de La Paz, fue sacada de su pueblo con falsas promesas cuando tenía 18 años. Una señora desconocida le ofreció 1.200 bolivianos como cocinera en una pensión de Oruro; ella se aventuró esperanzada con la remuneración. Una vez en el lugar la encerraron en un cuarto, le quitaron su ropa y zapatos y la obligaron a tener relaciones sexuales con extraños. Estuvo así una semana, hasta que logró escapar. Cuando llegó a El Alto un hombre le habló despacio y le quitó la manta, ella por ir tras la manta terminó en el cuarto con el desconocido. Se quedó a vivir con él y tuvieron tres hijas de 7, 4 y 2 años. Hace poco más de dos años, cuando estaba embarazada, le diagnosticaron VIH positivo, enfermedad desconocida para ella. Cuando su esposo fue sometido al examen resultó también positivo y se sospecha que fue quien la contagió. El hombre, de oficio albañil, la abandonó; su familia al enterarse de su enfermedad le prohibió que la visite y su comunidad la expulsó.
María vivió desde los 10 en la calle y le cuesta reinsertarse
María N.N. escapó de su hogar a los 10 años debido a la violencia que ejercían contra ella. Decidió vivir en la calle, donde se prostituía y convivía en pandillas para comer y drogarse. Le dejaron marcas de navaja en el rostro y varias partes del cuerpo, la violaban y permanentemente aparecía entre rejas, hasta que a sus 14 años fue recogida por la Fundación San Gabriel, donde intentaron rehabilitarla. Pese a que antes soportó la indiferencia de la gente, el maltrato policial y vejámenes en la calle, volvió a caer en el alcohol. Siendo aún menor de edad se embarazó de un sujeto peruano con el que convivió. Él murió antes de conocer a su bebé, ya que se encontraba en la fase terminal del sida. A ella le confirmaron el contagio cuando se encontraba en gestación. Retornó a su hogar, donde su padre vive con el hábito del alcohol. Ahora está con un tratamiento antirretroviral. Vende dulces en los micros para llevar algunos pesos al dormitorio hacinado que comparte con su bebita y su familia.
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