El convenio establece un marco general para tipificar como delito el tráfico de órganos, para proteger a las víctimas y para prevenir este tipo de delitos”, explicó el Consejo de Europa en un comunicado en el primer día de una conferencia internacional organizada en Santiago de Compostela, en el noroeste de España.
El texto “pide a los estados penalizar la extracción ilícita de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para el trasplante o para otros fines, y otros actos relacionados”, agregó.
El tratado también prohíbe ganar dinero con los trasplantes y da a las víctimas el derecho a una indemnización, que podría cubrir el coste de la “asistencia médica, psicológica y social”.
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