La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha comprometido a impulsar los programas de planificación familiar, para lo que pide acabar con las restricciones sociales y no médicas sobre el suministro de anticonceptivos a los adolescentes a fin de acabar con los embarazos precoces o no deseados.
Así lo han anunciado durante la Cumbre de Planificación Familiar que se está celebrando en Londres (Reino Unido), donde también han mostrado su intención de mejorar la evaluación de los anticonceptivos de calidad ya existentes o nuevos, para que en los países en desarrollo las mujeres cuenten con una amplia gama de métodos eficaces y seguros.
Se calcula que en los países en desarrollo hay 222 millones de mujeres y niñas que no quieren quedarse embarazadas pero carecen de acceso a los anticonceptivos y a la información y servicios necesarios para ello.
"El acceso a la anticoncepción moderna es un derecho fundamental de todas las mujeres", ha reconocido la directora general de este organismo de Naciones Unidas, Margaret Chan, que ha presidido en este encuentro un grupo de debate sobre la ampliación del acceso y de las alternativas.
Este derecho, a su juicio, debe ir acompañado de una necesidad de respeto hacia la dignidad de la mujer, "proporcionándole una serie de opciones de planificación familiar y libertad de elección".
El objetivo de la Cumbre de Londres es movilizar a las autoridades políticas, financieras y de prestación de servicios para garantizar que más de 120 millones de mujeres y niñas de los países más pobres dispongan en 2020 de información, servicios y productos anticonceptivos "sin coacciones ni discriminaciones".
Para ello, una de sus medidas pasa por aumentar el número de profesionales sanitarios cualificados capacitados y autorizados para prestar servicios de planificación familiar, ya que hay unos 57 países que están sufriendo una "crisis de este personal sanitario".
Además, proponen que la planificación familiar sea un componente esencial de los servicios de atención sanitaria durante la época prenatal, inmediatamente después del parto o de un aborto, y durante el año siguiente al mismo; y ampliar el uso de los métodos de larga duración o permanentes, como los dispositivos intrauterinos, los implantes anticonceptivos, la vasectomía o la esterilización femenina.
Se calcula que en los países en desarrollo hay 222 millones de mujeres y niñas que no quieren quedarse embarazadas pero carecen de acceso a los anticonceptivos y a la información y servicios necesarios para ello.
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