El ministro de Salud y Deportes, Juan Carlos Calvimontes, abrió ayer la posibilidad de debatir si se puede o no incluir al sector salud en la Ley General del Trabajo. Los médicos del sistema público, declarados en emergencia, por el decreto que los obliga a trabajar ocho horas al día, ponen como condición ser incorporados en la ley, para recibir mejores salarios y otros beneficios.
“Lo discutiremos, lo analizaremos, pero eso desde ya significa una fuerte carga económica para el Estado”, señaló la autoridad en declaraciones a Erbol.
La víspera, los galenos dijeron que podrían trabajar 8 horas a cambio de ser incluidos en los beneficios que brinda la Ley General del Trabajo.
El ejecutivo del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, apuntó que “primero el Gobierno tiene que hablar de los beneficios que implica trabajar ocho horas, porque en la actualidad el sector salud tiene muchas necesidades en su fuente laboral”.
POSTERGACIÓN El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios Villa, informó que el ministro del sector se comprometió también a elevar a consulta de gabinete la propuesta de suspender la aplicación del decreto, para que sea debatido antes por los sectores involucrados.
“Nos hemos declarado en sesión permanente, en estado de emergencia, porque las 6 horas de trabajo es una conquista y esa conquista social hay que defenderla, con las 8 horas de trabajo están transgrediendo la ley”, indicó a Erbol.
APLICACIÓN El ministro aclaró que la aplicación del decreto supremo se amplía a todo el sistema nacional de salud del Estado y a la seguridad social a corto plazo que involucra a todas la Cajas de Salud.
Calvimontes remarcó, que las puertas del ministerio están abiertas para realizar un diálogo sincero, aunque refirió que “lamentablemente más se usa (para negociar) el interés político que el interés social”.
PRESIÓN El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios Villa, sostuvo que “en caso de no ser escuchados nos iremos al paro ya que no podemos esperar más”.
La presidenta del Colegio de Odontólogos de Bolivia, Guadalupe Carvajal, señaló que la medida afecta a toda la parte profesional de salud, por lo que todo el personal se compromete a hacer respetar sus derechos.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Bolivia, Elma Olivera, indicó que el decreto afecta a todos los prestadores de servicio y no sólo al personal médico.
“En el país existen 25 mil médicos y dentro de la estructura de la prestación de servicios trabajan más de 18 mil profesionales que adoptarán medidas de presión en todo el país si el Gobierno no nos convoca a dialogar”, puntualizó.
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