Al menos 200 millones de dólares al año serían necesarios para incorporar y sostener a los médicos y trabajadores en salud pública dentro de la Ley General del Trabajo, según un cálculo preliminar del Ministerio de Salud.
La información fue proporcionada ayer a Página Siete por Martín Maturano, viceministro del área, a propósito de la exigencia de médicos y trabajadores del sistema público de salud de ser incorporados en la citada ley, después de que el Gobierno lanzara un decreto que les obliga a trabajar ocho horas por día.
El 24 de enero, el gabinete de ministros aprobó el decreto 1126 que restituye la jornada laboral de ocho horas para el sector.
La disposición es resistida por médicos y trabajadores. Los galenos resaltan que las seis horas de trabajo son una conquista laboral consolidada por 41 años.
Según la autoridad, el monto representa el doble del presupuesto previsto por el ministerio (100 millones de dólares) para implementar este año el Sistema Único de Salud (SUS), cuyo fin es otorgar a todos los bolivianos el acceso a la salud de manera gratuita, tal como lo establece la Constitución Política del Estado en su artículo 18.
“¿Está (en primer lugar) el interés del pueblo o el interés de un grupo?”, cuestionó Maturano en alusión a la demanda de los galenos y trabajadores en salud.
Una vez que el sector esté bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, el Estado asumiría un gasto de alrededor de 200 millones de dólares a partir del momento en que un trabajador sea despedido por diferentes circunstancias, explicó el jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del ministerio del área, Juan Carlos Meneses.
“Cuando los médicos pasen a la Ley General del Trabajo, al ser despedidos les ameritaría recibir el desahucio (tres sueldos mensuales), el beneficio social (un sueldo por año trabajado) y eso sería una sangría para el Estado”, explicó Meneses.
Según el jurista del ministerio, el sistema de salud de Bolivia está compuesto por la seguridad social, que integra a todas las aseguradoras del país, y el sector de salud pública, que abarca a todos los hospitales de primer, segundo y tercer nivel que dependen de los Servicios Departamentales de Salud (SEDES). Entre éstos se encuentran, por ejemplo, los siete nosocomios que están en el complejo Miraflores, en la ciudad de La Paz.
El Seguro Universal y la inversión en salud
Plan El artículo 18 de la Constitución Política establece que el Estado debe garantizar la inclusión y el acceso a la salud, sin exclusiones. En este marco, se busca que el Sistema Único de Salud (SUS) sea “universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, participativo, con calidad, calidez y con control social”.
Presupuesto La inversión anual en salud demanda $us 320 millones, según el viceministro del área, Martín Maturano. La mitad de ese monto se va, dijo, en salarios.
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